PGE 2015

El presupuesto del Estado para 2015 consolidado (incluyendo Seguridad Social y otros entes) asciende a 440.077,79 millones: 9.462 euros por habitante. Las organizaciones feministas firmantes hemos analizado, por 7º año consecutivo, la repercusión en la igualdad entre hombres y mujeres de la cuantía y distribución del gasto público y de los ingresos que lo alimentan. A diferencia del Informe Oficial de Impacto de Género que acompaña al Proyecto de Presupuestos, nosotras SÍ queremos hablar de dinero, queremos hablar de TODO el dinero público y queremos que toda la sociedad y el parlamento que la representa USEN el criterio de igualdad social y de género en su voto al Presupuesto.

Las grandes cifras del Presupuesto 2015 están condicionadas por el lastre de la deuda pública y maquilladas por artificios como la elevación del PIB por incluir la prostitución y la presunción de que habrá un aumento del empleo y del consumo, que a su vez producirán un aumento de los ingresos públicos pese a la reforma tributaria: es un año de elecciones municipales, a 13 Comunidades Autónomas y legislativas.

La reforma tributaria que debate ahora el Senado no aborda el fraude fiscal, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que atribuyan a cada persona según sus necesidades, y reduce la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000 al 52% para los de más de 300.000, en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la justicia social y de género, y es dudoso que las rebajas permitan financiar el gasto social.

Además, manifestamos nuestra especial pre-ocupación sobre los siguientes
puntos:

El programa 232B “Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres” se dota con 20,82 millones de euros, una subida del 9,2% respecto a 2014, que sólo alcanza el 55% respecto a 2009, pese a recibir un 20% de su financiación de la Unión Europea y 15% de los Fondos Noruegos. Con ellos el Instituto de la Mujer (al que la Ley 15/2014, de 16 de septiembre denomina ‘Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades’ y añade las políticas contra la discriminación racial o étnica) gestionará el 1,98% de los 3.127 millones de euros que según el Consejo de Ministros del 07.03.2014 se destinarán al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y el 0,005% del Presupuesto del Estado.

El Instituto de la Mujer divide su presupuesto a tercios entre gastos de personal, contratación de bienes y servicios y subvenciones. Estas cuentan con 6,3 millones, de los que destina dos terceras partes al empresariado, en gran medida a través de las Cámaras de Comercio y la CEOE, una guinda a lo que reciben vía Ministerio de Empleo; 6,3% a convenios con Cruz Roja, Secretariado Gitano, CEPAIM y FEUP; 24% a asociaciones de mujeres y todo lo demás. Destaca la ínfima cooperación con CC. Autónomas, dotada solo con 75.000 euros. Y choca el 3,2%, 200.000 € financiados por Noruega, destinados a actuaciones municipales de igualdad de género[1], contradiciendo la eliminación por la Ley 27/2013 del Estado de la competencia municipal en promoción de la igualdad de las mujeres, antes artículo 28 de la Ley de Régimen Local.

El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se dota con 23,7 millones de euros (otro 0,005% del Presupuesto). Sube un 8,6% respecto a 2014, pero sólo alcanza el 77% de lo que tenía en 2009.

Lo gestiona la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que gasta un 13% en personal y gasto corriente, 37,5% en inversión (8,9 millones) y 49% en subvenciones (11,7 millones). De ellos, 7,6 millones contribuyen minoritariamente a sostener los puntos de prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas establecidos por el artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de 2004, teleasistencia y servicio de Atención y Protección (ATENPRO) mediante convenios con Comunidades Autónomas y ayuntamientos[2], pero la Ley 27/2013 en los puntos 3.c) y 6 del artículo 27 sólo permite a los ayuntamientos la ‘Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer’ por delegación autonómica o estatal ‘acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación’. No hay previsiones para la aplicación del Convenio de Estambul vigente desde agosto 2014, y la implementación del 2º Plan contra la trata con fines de explotación sexual solo cuenta con 2 millones de €. Consideramos que el conservadurismo en los objetivos del programa no se adecúa a la necesidad social de reactivar la lucha contra la violencia:

La aportación del Estado para el sistema de Atención a la Dependencia será de 1.177 millones de euros para la cobertura del nivel mínimo -la Disposición adicional 51 de la Ley de Presupuestos 2015 mantiene suspendido el complemento para nivel acordado con las CCAA- y 5 millones al fondo SEPIDES para infraestructuras privadas, lo que supone un incremento del 0,38%, que no compensa la reducción sistemática desde el RD-Ley 20/2012 de la intensidad de los servicios, la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, el incremento del copago y la suspensión de la atención a personas con dependencia moderada, que empeora la calidad de vida de las personas dependientes y carga su atención sobre las mujeres de la familia.

En España hay más de 1.200.000 personas dictaminadas como dependientes. Según datos del IMSERSO a 31 de agosto 2014, a 898.179 de ellas se les ha reconocido ya el derecho a atención, pero sólo la reciben el 80,3%. Es decir, 176.667 personas y sus hijas, esposas o madres cuidadoras están ‘en el limbo de la dependencia’, excluidas de la cobertura universal establecida por la Ley. A ellas se suman más de 100.000 solicitantes sin dictaminar y 314.000 personas con dependencia moderada Grado I ya dictaminada esperando acceder a la atención el 1 de julio de 2015, según el calendario demorado dos veces por el Gobierno.
Además, pese a estar contemplada en la Ley como excepcional, la prestación mayoritaria sigue siendo la paguita por cuidados familiares, (42,3%), frente al 14,1% de atención residencial, 12,8% con ayuda a domicilio, 12,7% con teleasistencia y 7,8% en centros de día. Pese a ser mujeres el 66% de las personas dependientes y el 83% de sus cuidadoras, el Informe Oficial de Impacto de Género, como en años anteriores, no analiza el programa presupuestario 231I ni su impacto en el reparto del cuidado.

El número de personas empobrecidas o en riesgo de exclusión social sigue aumentando como consecuencia del desempleo, el descenso de salarios y recorte de prestaciones sociales. En la actualidad más de 8 millones de personas son atendidas por los servicios sociales de base en sus ayuntamientos, que a partir de la Ley 27/2013 dejan de ser de proximidad y pasan a las CC. Autónomas, excepto información y alguna prestación económica de emergencia. En ese contexto, el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos sufre un nuevo recorte y se dota con 27,4 millones de euros (27,6% de su dotación en 2009). Posteriormente la  Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales anunció en el Congreso que transferirán 32 millones de euros más a los ayuntamientos para un nuevo programa de apoyo a las familias y la infancia, 59,4 millones que supondrían 7 euros/año por persona atendida. Así, se abandona a su suerte a las personas más afectadas por la crisis, entre las cuales se encuentran numerosas mujeres solas o con hijos a cargo, y se sustituye el modelo social por el de caridad y beneficencia que creíamos superado.

Siguen aumentando las solicitudes de rentas mínimas de inserción para personas sin recursos (el 61% de los beneficiarios de estas rentas en 2012 eran mujeres), a pesar de que su cuantía media, que varía según la regulación de cada comunidad, no alcanza para vivir.

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad crece por primera vez desde 2011, un 2,2%. Pero su gasto en sanidad sufre un nuevo recorte, que se suma al de años anteriores, situándose en el 56% del de 2011, principalmente por el recorte en 20,3 millones de euros del Fondo de Cohesión Sanitaria.

El importe previsto de las transferencias a las comunidades autónomas, que gestionan el 92,1% del gasto sanitario público, aumenta el 7,8% respecto a 2014: 22.772 millones de euros, de los que 17.514 millones son para el sistema de financiación común y los fondos de compensación interterritorial.

Pese a este pequeño aumento de las transferencias previstas, la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 contempla un recorte en gasto sanitario autonómico de 1.700 millones en 2015 y 1.400 millones en 2016, en gasto farmacéutico y en conciertos, subvenciones y transferencias de prestación de servicios y suministros, añadidos a los cerca de 15.000 millones producidos desde 2009, que han bajado la cobertura y la calidad del sistema público, con privatizaciones, reducción de plantillas (53.000 trabajadores menos que en 2009), reducción de camas, aumento de listas de espera, recortes y copagos en medicamentos y prótesis y exclusión de la asistencia sanitaria de los inmigrantes mayores de 18 años sin permiso de residencia.

El Presupuesto para 2015 tiene un leve incremento (del 5%) en activos financieros, es decir, préstamos a las CCAA para implantar la FP Básica, la medida estrella de la LOMCE, que no ha conseguido ni siquiera el número de alumnos de los PCPI (módulos obligatorios) a los que sustituía.

Sigue la muy fuerte reducción de los fondos del Programa de Compensatoria, que se pasan a financiar la FP Básica, con la consiguiente pérdida de equidad.

En un escenario que se tilda de recuperación económica y de fomento de la natalidad, las partidas para la escolarización infantil de 0 a 3 años en el programa 322A del Presupuesto 2015 suponen un recorte del 75% respecto del de 2010, especialmente por la supresión de los fondos a las CCAA para incrementar su tasa de escolarización en esa etapa. El curso 2014-2015 es el segundo consecutivo en que el alumnado de educación infantil de 0 a 3 años baja, pese a que sólo el 36% de las niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados. Mantiene el endurecimiento de las condiciones laborales del profesorado,
mayoritariamente femenino, dificultando conciliación de la vida laboral y familiar

Apoya a los centros concertados contarios a la coeducación, financiándolos con fondos públicos, con el respaldo de la LOMCE,

No afrontan con medidas efectivas la discriminación contra las alumnas en las etapas o niveles educativos:

•   En las FP de Grado Superior, 14 de las 23 familias profesionales tienen menos del 50% de alumnado femenino, lo que se acentúa en las familias de mayor prestigio social.

•    En la modalidad de Ciencias y Tecnología del Bachillerato, las alumnas sólo suponen el 45,6%, frente al 57,8 que suponen en la Modalidad de Humanidades y CC Sociales, siendo, en el conjunto del Bachillerato mayoritarias. Este sesgo el algo mayor en los centros privados, constituyendo la base del menor acceso a Ingenierías y carreras técnicas de la Universidad. Las chicas siguen siendo mayoritarias en las opciones que apuntan a carreras o ciclos de FP de Grado Superior biosanitarios o de ciencias de la salud; y son claramente minoritarias en las opciones que apuntan a las carreras o ciclos más técnicos.

El extenso capítulo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Informe Oficial de Impacto de Género (100 páginas) no analiza el programa 322 A Educación infantil y primaria, y en el programa de Becas (777.394 estudiantes con beca media de 1.811 €/año en el curso 2013-2014) dice genéricamente que en las universitarias la distribución por sexos ‘es similar’ a la matriculación y ‘similar’ a la de cursos anteriores.