La Plataforma Impacto de Género Ya presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por la situación de la Red de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid

Las organizaciones feministas Plataforma Impacto de Género Ya y Plataforma Feminista ante los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid han presentado esta mañana una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la preocupante situación en la que se encuentran los servicios especializados de atención ambulatoria y residencial para las víctimas de violencia de género de la Red de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid (SAVG).

A pesar del incremento acentuado en los últimos cuatro años de la demanda de atención por parte de mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género a este recurso, tanto los servicios especializados de emergencia como los de intervención ambulatoria y residencial, a corto, medio y largo plazo, mantienen un número similar de recursos, y el mismo número de profesionales. No se ha realizado una inversión proporcional al aumento de la demanda, ni al aumento en los últimos cinco años de los Presupuestos Generales del Estado y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

● El SAVG 24 horas ha experimentado un incremento del 20% en el número de mujeres atendidas de forma presencial entre 2020 y 2022, y del 125,5% en las atenciones de emergencia.
● El número de mujeres que han accedido de manera temporal o de emergencia a una Zona de Estancia Temporal (ZET) entre 2020 y 2022 ha aumentado un 118%.

Déficit en la adecuación de los servicios especializados de atención a la violencia de género y su repercusión en el derecho de las víctimas a la asistencia y recuperación

Aunque el Ayuntamiento de Madrid ha recibido financiación directa de los presupuestos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mediante transferencia directa del Ministerio de Igualdad -de 589.721€ en 2018 a 658.993€ en 2023- y de la Comunidad de Madrid -13,7 millones en los últimos siete años-, esta no se ha traducido en una mejora efectiva de los servicios especializados que garantice la accesibilidad y disponibilidad para las víctimas de violencia de género. De esta forma, los derechos reconocidos para estas, así como para sus hijas e hijos, se han visto comprometidos, según establece la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

La falta de adopción de medidas suficientes por parte del Ayuntamiento de Madrid para adecuar dichos servicios e infraestructuras a las necesidades de las víctimas y supervivientes de violencia de género ha generado una saturación de los mismos, así como una considerable reducción de la calidad de estos. Esto no solo compromete la protección y seguridad de estas mujeres sino que supone una forma de revictimización.

Precariedad laboral

Pese al incremento de la demanda de atención y de protección por parte de las víctimas, las condiciones laborales de las trabajadoras de este recurso no han experimentado cambios en los últimos cuatro años, aumentando su precariedad laboral. Esta situación ha generado, además, una alta rotación de personal, que impacta directamente en la continuidad y en la calidad de la atención a las usuarias y a sus hijas e hijos.

Saturación y colapso de los servicios de emergencia

La saturación de los servicios de emergencia ha implicado un incremento en el tiempo de espera para las víctimas de violencia de género en las primeras citas -cruciales para la adherencia al tratamiento, para la toma de decisiones y salida de la situación de violencia-, así como para acceder a los recursos habitacionales de emergencia.

Recomendaciones y demandas

Las organizaciones firmantes solicitan al Defensor del Pueblo que inste al Ayuntamiento de Madrid a cumplir con su obligación legal de garantizar la estabilidad, suficiencia, accesibilidad y calidad de los servicios de atención integral para todas las víctimas de violencia de género que lo requieran en el municipio de Madrid.

Para mejorar la calidad de los servicios y la accesibilidad se propone la titularidad pública de la gestión de estos, así como una serie de medidas urgentes:

● Incrementar el número de plazas y la dotación de profesionales para acabar con la saturación de los servicios y las listas de espera.
● Revisar los requisitos de acceso a los recursos de emergencia para garantizar su accesibilidad.
● Ampliar el número de plazas de emergencia y mejorar el acceso a vivienda protegida.
● Priorizar el proyecto técnico sobre el económico en los pliegos de condiciones para garantizar la especialización y experiencia de los equipos profesionales, así como sus condiciones laborales.
● Mejorar las infraestructuras, especialmente del SAVG 24 Horas, para evitar la revictimización y garantizar la intimidad de las víctimas.
● Ampliar el número de profesionales y establecer ratios adecuados para garantizar una atención eficaz.