Más de 200 personas participaron el pasado 15 de marzo de 2024 en el Fórum Internacional de Observatorios Feministas frente a las Violencias Institucionales Machistas celebrado en Barcelona. El encuentro fue convocado por nuestras compañeras de la Associació Hèlia, Asoc. de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Lunes Lilas y Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. Estas son parte de las más de 20 organizaciones de Andalucía, Canarias, Catalunya, Madrid, Navarra, País Valencià y Extremadura que constituyen el OVIM, cuyo objetivo es vigilar, desde una perspectiva de derechos, feminista, interseccional y antirracista, que las instituciones garanticen con la debida diligencia el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencias machistas y de discriminación, como establece la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recuerda el 1er Informe de Evaluación de España del GREVIO (Grupo de Expertas del Convenio de Estambul) de 2020 en su párrafo 29.

Actualmente no hay datos de esta discriminación que día a día sufren muchas mujeres por parte de profesionales de los servicios sociales, las comisarías o los juzgados. Por eso, el reto del OVIM es recoger casos en su web, documentarlos, presentar denuncias de forma colectiva y exigir cambios a las administraciones. La ley de erradicación de la violencia machista de Catalunya de 2020 es la única que, por ahora, ha incluido la violencia institucional. La abogada Laia Serra analizó desde esta óptica el funcionamiento prejudicial y judicial en la denuncia por violación de Dani Alves. «La ley de extranjería es violencia institucional porque siempre es una amenaza para las mujeres migrantes; y hasta que no hay una condena firme de violencia machista no se protege a la mujer», denunció Liliana Aragón, coordinadora de Hèlia, que en el programa «Vecinas por Vecinas» acompaña a otras mujeres en los trámites con la administración. Paqui Perona, presidenta de Voces Gitanas, explicó la evolución de entidades de mujeres gitanas de los barrios ante «el antigitanismo institucional».

También en Barcelona, el 22 y 23 de marzo de 2024 tuvo lugar el III Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, dirigido especialmente a profesionales jurídicas, sanitarias y de los servicios sociales. En él, se dio voz a niñas, niños, adolescentes y mujeres afectadas por esta problemática, lo que la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, animó a seguir desarrollando en un grupo de trabajo, con el objetivo de reconocer a los niños y niñas como sujetos activos de derechos, conforme a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) de 2021. Lo secundaron la Consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge; la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, y la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez Salinas. La fiscal de sala de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, insistió en que sin protección para las madres no hay protección para los hijos y viceversa, y abrió el debate sobre si los mutuos acuerdos son un recurso procesal válido en violencia de género. Hizo referencia al asesinato de dos niñas, de 2 y 4 años, por parte de su padre, en Almería, tras una sentencia que asignaba la custodia a la madre, sin visitas del padre. Una sentencia que fue invalidada por un acuerdo entre ambos, refrendado por el juez civil, de visitas de seis horas los sábados y domingos, con entregas y recogidas en el punto de encuentro.

El 29 de abril, el Ministerio de Igualdad y las Comunidades Autónomas acordaron en la Conferencia Sectorial de Igualdad la distribución de 140,2 millones de euros destinados al Catálogo de Servicios del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2024.

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