El Gobierno aprueba su informe del progreso de España 2015-2023 hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de junio de 2024 este Informe que presentará el 15 de julio en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Tiene 5 capítulos que tratan sobre los avances, estancamientos y retrocesos; las políticas que los identifican; lo realizado por las comunidades autónomas y las entidades locales; la coherencia de políticas, y los retos prioritarios de cara a la revisión intermedia de la Estrategia de Desarrollo Sostenible en 2024-2025. Les siguen como anexos: el Dictamen del Consejo de Desarrollo Sostenible sobre el progreso y las debilidades, acordado por sus 60 entidades de la sociedad civil, entre ellas, la Plataforma Impacto de Género Ya; el de capacitación de los empleados públicos, realizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, y el del Instituto Nacional de Estadística sobre indicadores de los ODS, al que se ha unido el Informe del Defensor del Pueblo.
El riesgo de pobreza o exclusión social es uno de los problemas más acuciantes en España. Afecta a más de una cuarta parte de la población, con mayor incidencia en las mujeres. Persisten alarmantes tasas de pobreza infantil (34,5%), en la población gitana (98%), en personas con discapacidad (30%) y en personas extranjeras nacidas fuera de la UE (57%), alcanzando al 34,7% de las 611.000 familias monoparentales con menores a cargo, el 80% encabezadas por una mujer. La Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2024 incluye medidas como el Ingreso Mínimo Vital, aprobado en 2020, que en 2024 llega a más de 1,7 millones de personas, el 41,2% niños, niñas o adolescentes, y se propone ampliar la cobertura y la intensidad de la protección.
Su Complemento de Ayuda a la Infancia a casi medio millón de familias con menores de 18 años puede convertirse, a través de la Ley de Familias en trámite parlamentario –junto con la deducción por maternidad del IRPF—, en una prestación universal por crianza de 100 euros al mes durante los tres primeros años de vida del hijo o hija, cobertura homologable a nivel de la UE, que en 2021 invertía en infancia y familia un 2,4% de su PIB, mientras que España invertía sólo el 1,5%.
La Estrategia de Juventud 2030 (2022), alineada con la de la Unión Europea 2019-2027, se centra en el acceso a la educación pública, a una vivienda asequible y a un empleo digno, junto al Plan de Acción de Juventud 2022-2024, que incluye una inversión de 33.330 millones de euros para la emancipación juvenil, la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia 2023-2030 y la creación del Ministerio de Juventud e Infancia.
La vivienda se ha convertido en un factor de pobreza y exclusión social. En 2023, un 30,6 % de los hogares destinó más del 40% de sus ingresos (10 puntos más de la media de la UE) a gastos de vivienda. El aumento del porcentaje de población con vivienda en alquiler (del 21,6% en 12 años, en su mayoría personas entre 16-29 años y la población con menores ingresos) y el aumento del 25,2% en el precio del alquiler, llegando hasta el 50% en varios territorios, frente a lo que la Ley por el derecho a la vivienda (2023) incluye:
– medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible y pública (inversión de 8.420 millones)
– protección frente al desahucio a colectivos con mayores dificultades de alternativa habitacional
– instrumentos a las administraciones autonómicas y locales para regular los precios del alquiler
Impugnada al Tribunal Constitucional por motivos económicos por las comunidades de Andalucía, Illes Balears y Madrid, y por invadir sus competencias por Catalunya, País Vasco y Galicia, no está teniendo el impacto previsto en la regulación de precios y del alquiler turístico (que se estima ocupa un quinto del parque privado). El aumento del parque de vivienda social del 2,5% actual (452.000 viviendas) al 9,3% promedio en la UE, requiere alcanzar 2,41 millones de viviendas públicas, frente a las 184.000 objetivo del Ministerio de Vivienda.
Cambio climático y medio ambiente
España ha reducido un 11,7% desde 2015 sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tras el máximo histórico de 2005. Pero son un 2,4% superiores a las de 1990, frente al objetivo europeo de reducirlas un 32%.
La generación eléctrica con energía renovable supera la de fuentes no renovables (59,5%). Es positivo haber reducido la intensidad energética un 12,7% desde 2015, y la penetración de la energía renovable en el transporte, causante del 30,7% de las emisiones, del 1,2% en 1990 al 9,7% en 2022.
Pero tras la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) y la Estrategia de Descarbonización 2050, España necesita aumentar su ambición climática, comprometiéndose a aumentar hasta el 48% de renovables; suministrar al sistema eléctrico el 81% de energía de generación renovable; mejorar en un 44% la eficiencia energética; reducir la dependencia energética hasta un 51%, y reducir las emisiones del transporte en un 98% antes del 2050, con planes de movilidad urbana sostenibles, mejora de la calidad del aire y zonas de bajas emisiones en los municipios urbanos.
El II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-2030) compromete a todas las administraciones públicas frente al aumento de temperaturas, olas de calor, sequías, incendios forestales o inundaciones.
El nuevo Observatorio de Salud y Cambio Climático se centrará en evitar que cause 700 muertes anuales.
Para la democratización del sistema eléctrico y la mejora del autoconsumo, la revisión de la Estrategia de Pobreza Energética (2019-2024) pretende el acceso universal a la electricidad limpia y asequible.
La Estrategia de Transición Justa, con financiación pública de 2.700 millones, y mediante diálogo social, ha logrado acuerdos entre el Gobierno, sindicatos y empresas para alternativas de empleo al carbón.
El (mal) estado ecológico y químico de las aguas superficiales y subterráneas se ha mantenido y la protección de zonas marinas y costeras ha aumentado un 166,9% respecto a 2016, pero el porcentaje de tierra degradada se ha duplicado desde 2015 (+113,5%) y deben generalizarse regeneraciones como las del Mar Menor o Doñana.
La superficie dedicada a la agricultura ecológica ha aumentado un 66,15% entre 2013 y 2022, y las emisiones de amoníaco atribuibles a la ganadería disminuyeron entre 2021 y 2022.
El desperdicio alimentario doméstico se ha reducido un 6,1% entre estos años, y el extradoméstico un 11,3%.
El consumo de materiales es un 2,3% superior al de 2015, y producimos un 2,4% más de residuos per cápita.
El reciclaje de residuos ha aumentado un 40,7% de 2015 a 2021, y nuestra huella ecológica se redujo un 3,9%.
La persistente desigualdad estructural entre mujeres y hombres se evidencia en las tasas de empleo, el mayor número de mujeres inactivas en el mercado laboral por cuidados (un 20,1%, frente al 4,9% de hombres) y en la doble jornada de las mujeres, que suma al empleo el cuidado de la familia y del hogar. España debe reducir el tiempo del trabajo y mejorar las medidas de conciliación y corresponsabilidad, como la retribución de los permisos de cuidado, o el incremento de 16 a 20 semanas de los permisos de maternidad y paternidad.
La violencia machista ha matado a entre 49 y 59 mujeres cada año desde 2015.
El III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2022-2025) recoge actuaciones que han situado a España seis puntos por encima de la media europea en el Índice Europeo de Igualdad de Género.
Tras la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (2023), la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) triplicó su presupuesto para promover la participación política y el empoderamiento económico de las mujeres y está comprometida con una política exterior feminista.
Las victimizaciones de odio, principalmente por racismo, xenofobia, orientación sexual y género, han aumentado en un 40,74% entre 2015 y 2022. Las previene y combate el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2022-2024).
La Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano (2021-2030) lucha contra el antigitanismo y la discriminación (los casos reportados han aumentado en los últimos años y sólo en 2022 superaron los 500), integrando la perspectiva de género, mejorando sus condiciones de vida, reforzando su participación y la inversión pública en pobreza, exclusión social, brecha digital, empleo y educación.
La reforma del artículo 49 de la Constitución Española es un hito de alineación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Obliga a los poderes públicos a desarrollar políticas que garanticen su plena autonomía personal e inclusión social, en entornos accesibles, y con participación de sus organizaciones, con un enfoque feminista e interseccional, de protección especial de los derechos de las mujeres y niñas.
La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (2023), establece la adecuación de los servicios públicos para garantizar la igualdad de trato, la rectificación registral del sexo de las personas y la adecuación documental. En la cooperación española de 2017 a 2023 se han multiplicado por seis los recursos destinados a personas LGTBI.
El sistema económico español se caracteriza por una alta concentración en el sector servicios, que aporta el 74,6% del PIB en 2022, especialmente en la actividad turística (11,6% del PIB), seguido de la industria (17,4%), 1,6 puntos más que en 2019, la construcción (5,4%) y la agricultura (2,6%). Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) suponen el 99,8% de las empresas.
Tras la pandemia, España tiene mayor crecimiento y menor inflación que los principales países europeos.
Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, desplegados por más de 500 Administraciones locales con un impulso financiero de 3 millones cada una de media, buscan conservar los recursos naturales y culturales.
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2022) compromete una financiación pública en I+D+I del 1,25% del PIB para, sumada a la inversión privada, pasar del 1,44% del PIB en 2022 al 3% en 2030, así como la mejora de las condiciones laborales de los investigadores y la igualdad de género.
Debemos avanzar hacia un sistema tributario más moderno, progresivo y verde, con medidas como el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas; los gravámenes temporales a sectores productivos; el impuesto sobre las transacciones financieras; o la reducción del IVA para productos básicos y energía para aliviar la subida de precios de servicios y productos básicos derivada de la invasión de Ucrania. También se han desarrollado nuevos tributos para fomentar la economía circular, gravar los depósitos de residuos en vertedero y la incineración, o sobre envases de plástico no reutilizable. La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (2021) amplía el concepto de paraíso fiscal, prohíbe las amnistías fiscales y regula mejor las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). La fiscalidad justa constituye un capítulo de la Agenda de Acción de Addis Abeba, que España impulsará como país anfitrión, en 2025, de la IV Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo.
Empleo
Entre 2015 y 2024, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social aumentó casi un 32%, alcanzando el hito de 21 millones, el 47,4% mujeres, 1,7 millones de trabajadores más que antes de la pandemia. La reforma laboral de 2021 ha fortalecido la negociación colectiva y reducido las altas tasas de temporalidad en el sector privado a la mitad, hasta situarse en el 13,2%. En las mujeres, la tasa de temporalidad de los nuevos contratos registrados era del 98,3% en 2015, y ahora del 57,4%. El tiempo parcial ha bajado del 15,7% al 13,5%.
El porcentaje de menores de 24 años que no estudian ni trabajan disminuyó del 15,64% en 2015 a 10,49% en 2022. El abandono de la educación entre la población de 18-24 años se redujo en algo más del 50%.
La tasa de paro se redujo entre 2015 y 2023 9,1 puntos, aunque en 2023 es 3,06 puntos más alta en las mujeres. Cuando se suman los sesgos de género y edad, un 65,6% de mujeres mayores de 40 años tardan más de un año en encontrar trabajo, frente a un 58,9% de hombres.
En el marco del diálogo social, el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 54% desde 2018, en cumplimiento de la Carta Social Europea (60% del salario medio) a incluir en el Estatuto de los Trabajadores. Pero las personas extranjeras ganan de media un 27,7% menos que las personas españolas, y la brecha salarial entre personas con o sin discapacidad se situaba en el 82,8% en 2021. La brecha salarial de género ha disminuido un 25% entre 2018 y 2024.
España continuará orientada a converger con las tasas de ocupación europeas, con particular atención a las personas jóvenes y las desempleadas de larga duración; una política salarial que asegure una distribución equitativa de los ingresos entre empleadores y empleados; mejorando la protección de las personas desempleadas, ampliando la cobertura de colectivos que no pueden acceder al subsidio por desempleo y el funcionamiento de las políticas activas de empleo.
También en la reducción a 37,5 horas semanales de la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial en 2025, una distribución más equitativa del tiempo y mayor espacio para el cuidado y el descanso, que fomentará la igualdad de género y hará partícipes a las empresas en la corresponsabilidad de los cuidados.
Servicios públicos
Se ha revertido su infrafinanciación, tras los recortes de la crisis de 2008, y acercado a la media europea.
En educación, la inversión pública representó en 2022 el 4,4% del PIB, en la horquilla del 4 al 6% de la Declaración de París de la UNESCO. Ha aumentado el número de docentes —más de un 87% en centros públicos— y las tasas de repetición siguen bajando. La Ley de Educación de 2020 (LOMLOE) promueve la extensión del primer ciclo de educación infantil (0-3 años), priorizando el acceso de niños y niñas en riesgo de pobreza, y declara la gratuidad del segundo ciclo. La creación de nuevas plazas públicas de 0 a 2 años ha permitido elevar la tasa de escolarización al 45,9% en el curso 2022-2023, y la de 2 años al 71,2%. El importe global destinado a becas ha aumentado en un 39,7%, beneficiando a 2,7 millones de personas, un 11,2% más que en el curso 2019-2020. La Formación Profesional, modernizada por la Ley de 2022, ha incrementado su alumnado en un 41,8% desde 2015, y la incorporación al mercado laboral tres años después de la graduación.
En sanidad, la inversión se situó en el 6,9% del PIB, 0,7 puntos más que en 2015. El Sistema Nacional de Salud, a pesar del esfuerzo presupuestario, continúa recuperándose del período de pandemia. En un contexto de mantenimiento del indicador de necesidad médica insatisfecha en valores próximos al 0%, destaca el incremento en un 14,13% entre 2017 y 2022 de las visitas a la atención primaria, evidenciando la necesidad de dedicarle mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la salud pública y universal. Especialmente significativo es el aumento en un 488% de la demanda de atención a la salud mental, en estrecho vínculo con determinantes sociales de vivienda adecuada, seguridad, estabilidad laboral, o el acceso a servicios sanitarios y sociales, a lo que responden la Estrategia de Salud Mental (2022-2026), el Plan de Acción de Salud Mental (2022-2024) y la creación del Comisionado de Salud Mental en 2023.
La inversión del 18,8% en protección social reduce la brecha con la UE-27 de 2,5 puntos en 2015 a 0,7 en 2022. Destaca el aumento en un 150% entre 2020 y 2023 de la contribución de la Administración General del Estado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pero debe seguir reduciendo el déficit de financiación y la desigualdad territorial y garantizar un marco igualitario y sólido, y avanzar en la universalidad del sistema de protección social para reducir la desigualdad económica y erradicar la pobreza.
La protección social universal como un derecho humano debe incluir el refuerzo del tercer y el cuarto pilar del estado del bienestar: pensiones y cuidados de larga duración. Las pensiones se han revalorizado conforme a la inflación media anual, y la pensión media ha aumentado en más de un 20% desde 2020.
Gracias al Plan de Choque en Dependencia (2021-2023), el número de personas beneficiarias aumentó en un 88,61% desde 2015, alcanzando por primera vez en 2023 el 92% de prestaciones sobre el total de solicitudes, y las listas de espera se han reducido en un 35%. El refuerzo continuará en la nueva Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en comunidad, con más dignidad y derechos para las personas cuidadas y para las que cuidan, con una perspectiva feminista e inclusiva frente a las inequidades en la distribución de cuidados.
España es candidata a miembro del Consejo de Derechos Humanos en el período 2025-2027.
Ante el aumento mundial de la población y de la esperanza de vida, los crecientes niveles de pobreza extrema, las desigualdades entre y dentro de países, conflictos, violencia, desastres, e incrementos de las emisiones de CO2 que contribuyen a un cambio climático, que se prevé genere el desplazamiento forzoso de 700 millones de personas en 2030, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (2023) obliga a España a destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo antes de 2030, pero en 2023 representó el 0,24%.
El reto demográfico se fija en la despoblación rural, el envejecimiento y el desigual acceso a servicios públicos en áreas rurales, en un país de grandes ciudades en el litoral y el centro, con mayor concentración de mujeres, y un claro gradiente norte-sur.
La brecha urbano-rural en riesgo de pobreza y exclusión social se ha reducido de 8,6 puntos en 2015 a 5,5 en 2023. La cobertura de banda ancha ha aumentado en un 334% respecto al 2015. El plan de 130 medidas para abordar el reto demográfico (2021) refuerza los servicios públicos sanitarios, educativos y de formación profesional (escolarización, transporte, comedores escolares, acceso a internet y la calidad en zonas rurales), servicios sociales, y la atención a la dependencia descentralizados en el medio rural, promoviendo sistemas de cuidados comunitarios y de proximidad. El enfoque de género incluye apoyo financiero al emprendimiento de mujeres, su inserción laboral sobre el territorio, y la atención a la violencia contra las mujeres en el medio rural.
Entender la Agenda 2030 desde una perspectiva de derechos humanos conlleva participación, transparencia y rendición de cuentas. El sistema de gobernanza multinivel de la Agenda 2030, con una Comisión Delegada de Gobierno con representantes ministeriales al más alto nivel, una Conferencia Sectorial, con participación de todas las comunidades autónomas y de la FEMP, y el Consejo de Desarrollo Sostenible para la participación de la sociedad civil, así como evaluaciones intermedias y finales de estrategias y planes, el seguimiento de indicadores en informes de progreso, u órganos de garantía de transparencia y rendición de cuentas, que recogen el IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024) y la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado (2022).
12 de los 17 gobiernos autonómicos y la Ciudad Autónoma de Ceuta han establecido planes para la implementación de la Agenda 2030, el 68,4% cuenta con mecanismos de coordinación con entidades locales y estructuras de gobernanza, y el 63,1% ha definido indicadores para evaluar el progreso e integrando los ODS en procesos presupuestarios y normativos y el desafío de seguir reforzando la participación de la sociedad civil, el sector privado y la academia ciudadana y la coherencia de políticas para alcanzar los ODS.
De las 8.000 entidades locales, 632, con más de 31 millones de habitantes, forman parte de la Red para la Agenda 2030 de la FEMP.
La Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible en lo económico, social y medioambiental es prioritaria para España, para lo que se han desarrollado iniciativas para la capacitación de empleados públicos, propuestas de alineación normativa, la mejora del alineamiento presupuestario, el indicador 17.14.1 en el año 2023 y la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia.