MANIFIESTO FEMINISTA ANTE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2022

El Proyecto de Presupuestos 2022 consolidado asciende a 527.108 millones de euros, 11.132 € por habitante, un 4,2% menos que en 2021. Se basa en una previsión “post Covid” de crecimiento del PIB del 6,5 % en 2021 y del 7 % en 2022, que permita aumentar los ingresos no financieros el 10,8 %, por la recuperación de la recaudación de tributos, especialmente los impuestos de sociedades y sobre la renta de las personas físicas, y por la afluencia de 26.900 millones de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 2021-2023. Para reactivar la economía de nuevo se elaboran con las reglas fiscales de la UE suspendidas, aunque avanzan en la reducción del déficit (del 8,4 % en 2021 al 5 % en 2022). En el Informe de Impacto de Género (IIG) oficial que lo acompaña observamos que sigue mejorando su calidad, aunque es largo, de 642 páginas, y por tanto lo leeremos pocas. Analiza los recursos/resultados de 365 programas, el 89% del total y 139 más que en 2021, que suman 339.192 millones de euros, el 64% del Presupuesto, en base a la encuesta mandada por Hacienda a todos los ministerios y entes gestores sobre todos sus programas presupuestarios de gasto. Y los califica según su “pertinencia” de género: alta el 22% de los programas y el 11% del Presupuesto; media el 33 y 61%; baja el 45 y 25% y ninguna el 8% de los programas y 3% del gasto. Su parte más valiosa -por contener euros y actuaciones concretas y a veces indicadores sociales de objetivos, es decir, en qué concretamente puede el presupuesto MEJORAR la realidad social- los analiza los por sección presupuestaria (págs. 191 a 544) y la Recopilación de Objetivos e Indicadores de género por política presupuestaria (págs. 555 a 620). Analiza el impacto de género del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) (pág. 168) del 97% de los 25.622 millones de € del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 733 millones del REACT-EU, en 139 Programas. De los 4 ejes -digital, verde, social y feminista- del Plan 2021-2023 aprobado por el gobierno en abril, más de dos tercios se concentran en transformación verde (39%) y digital (29%), en detrimento de las políticas sociales y de igualdad de género: en Salud (1,5%), Educación (2,4%) y Nueva economía de los cuidados (3,6%). En el PGE 2022 los fondos “transversalizan“ la igualdad de género en los procedimientos, la contratación y subvenciones públicas para ejecutarlos, y son minoritarios los programas que la especifican: Pedimos que el Sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que elabora el Ministerio de Hacienda y Función Pública desglose por sexos los datos de personas beneficiarias tanto en la fase de selección como en la de ejecución de proyectos.

1.- SOSTENER EL EMPLEO, LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y LA IGUALDAD DE LAS MUJERES EN UNA CRISIS BRUTAL

El gobierno señala como indicadores clave de salida de la crisis y de aplicación del Plan de Recuperación: • Transición ecológica: Emisiones GEI y Renovables en generación de electricidad • Transformación digital: Viviendas conexión banda ancha y Habilidades digitales avanzadas • Igualdad de género: Brecha género de tasa de actividad y Mujeres en puestos directivos • Cohesión social: Abandono educativo temprano y Personas en hogares sin empleo. La brecha de género en la tasa de actividad se ha reducido del 2Trim 2020 al 2Trim 2021: de 11,3 puntos porcentuales a 9,8 (63,6% de los hombres, 53,8% de las mujeres). Sin embargo, ha aumentado la brecha de género en la tasa de paro, de 2,6 a 4 puntos (13,4% en los hombres y 17,4% en las mujeres). El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.142 millones de euros, es un 11% menos que en 2021, al reducir de 25.000 a 22.500 M los fondos del programa 251M (el 74,5% de su gasto) de Prestaciones a desempleados, que afecta a 2,4 millones de personas cada mes, con un porcentaje del 53% mujeres, que crece cuanto más baja es la prestación: La protección contributiva por desempleo cubre también la cotización empresarial a la Seguridad Social. La protección asistencial o subsidio -de 451,92 €/mes- incluye el subsidio extraordinario SED durante un máximo de seis meses, es para quienes, tengan o no responsabilidades familiares, carecen de recursos y siguen en paro tras agotar la protección contributiva o no alcanzan el mínimo de cotización. • Los subsidios incluyen la cotización a la Seguridad Social cara a la jubilación de fijos discontinuos y de mayores de 52 años, 418.293 personas, un 30% más desde la reforma de 2019. • Para eventuales agrarias/os de Andalucía y Extremadura, el subsidio es también de 451,92 €, pero la renta agraria puede llegar a 604 €, según las jornadas reales trabajadas en el Sistema Especial Agrario, con duración variable en ambos según la edad y las responsabilidades familiares. • La Renta Activa de Inserción (RAI), también de 451,92 € durante once meses es para personas paradas de larga duración o en situación de especial vulnerabilidad, como las víctimas de violencia de género. • No menciona el subsidio extraordinario de paro por Covid a empleadas de hogar, reconocido a 38.249 en febrero 2021, ni la campaña en este sector de la Inspección de Trabajo, con 40.000 cartas de infracción. En 2022 el Ministerio de Trabajo prevé la desaparición del SED y la RAI, con una nueva regulación de la protección asistencial por desempleo, por la Ley 28/2018 y con Diálogo Social, más estable y eficiente. El programa 241A Fomento del empleo y la estabilidad laboral, con 3.640 millones, se destina a la orientación laboral por el SEPES de 3,4 millones de personas y a fomentar con subvenciones o bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social la contratación de 569.000 personas con especiales dificultades de empleo, como víctimas de violencia de género, personas jóvenes, con discapacidad o en situación de exclusión social. En 2022 seguirá la implementación del Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 aprobado en junio de 2021 y habrá una Cartera Común de Servicios en trabajo, empleo, formación para el empleo y el SEPE, una vez transferida a todas las CC Autónomas la competencia de la Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. Se mantiene la reducción a 60 €/mes de la cotización mínima a la Seguridad Social durante el primer año de autónomos menores de 30 años hombres o de 35 años mujeres, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o del terrorismo y autónomas reincorporadas tras el nacimiento o adopción de hijo/a. Prevé que sean de mujeres el 54% de los contratos bonificados: El Programa 291A Inspección de Trabajo, con 195 millones de € sube un 12%, e incluye entre sus objetivos el ODS 5 de Igualdad de género, con actuaciones específicas y transversales de igualdad y la creación de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación. Prevé inspeccionar 490.000 contratos temporales y convertir 90.000 en fijos; 450.000 a tiempo parcial y ampliar su jornada en 40.000; 35.500 por discriminación por sexo, 23.000 falsos autónomos y 25.000 ERTE. De los programas del MRR: • El 29KB además de la omnipresente digitalización, pretende empleo público de calidad y estable. • El 494M la tramitación de 1.100 expedientes de convenios colectivos y planes de igualdad. • El 24 WB C23 I2 empleo mujer y transversalidad de género, con 105 millones tiene por objetivos: formación (mínimo del 35 % en clima, forestal y agrario; el 35 % en digital y atención a la dependencia) y asesoramiento a 23.200 mujeres rurales y urbanas; nuevo programa de inserción subvencionada de mujeres como víctimas de trata o de violencia de género y plan transversal de igualdad en las Políticas Activas de Empleo. • El C23.I01 Empleo Joven, con 255 millones para 18.300 personas jóvenes, en su primer contrato de trabajo o de jóvenes investigadoras y tecnólogas en entidades de investigación, con el Mº de Ciencia e Investigación. Pedimos: • Que se cree una estadística pública anual del Registro retributivo de empresas creado por el Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres • Que se equipare a las empleadas hogar en la protección por desempleo y se ratifique el Convenio 189 de la OIT • Que se amplíen a 20.000 los contratos laborales subvencionados de víctimas violencia de género • Prudencia al eliminar prestaciones como la RAI, ahora que la estaban conociendo los servicios sociales.

2.- MEDIDAS QUE CIERREN LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES Y FRENTE A LA POBREZA

El Presupuesto de la Seguridad Social para 2022 -181.081 millones de € – supone el 34% del PGE, y sube un 5 % (8.623 millones) respecto al de 2021. Sus prestaciones económicas a más de 10 millones de personas, son, tras el empleo, el mayor mecanismo de redistribución social, si bien la brecha de género en las pensiones está casi estancada de diciembre de 2019 a 2020 (el INSS incumple la obligación de desglosar por sexos los datos de sus informes mensuales) siendo la pensión media de las mujeres en 2020 de 817 €/mes, el 66% de la de los hombres. La Seguridad Social se financia en un 75 % por cotizaciones de trabajadoras/es y empresas, que aumentan el 9%, un 20% por transferencias del Estado, que atendiendo a la recomendación 1ª del Pacto de Toledo de 2020 para avanzar hacia la sostenibilidad suben el 16% (5.099 millones) hasta alcanzar 36.276 millones de euros y 4% por préstamos del Estado, de 6.982 millones de euros, un 49% menos que en 2021. El crecimiento del gasto se debe al aumento de pensionistas y a la revalorización del 2,3% (IPC de 2021) de las pensiones contributivas y del 3% de la mínima contributiva, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. El programa 211M de Pensiones contributivas, con 143.090 millones de euros, un 4,9 % más que en 2021, se destina a casi 10 millones de pensionistas el 52% mujeres. El 60% de las pensiones son por jubilación, 27% por viudedad (93% mujeres) y 9% por incapacidad. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones en base al Pacto de Toledo 2020 no incluye ninguna medida nueva para equiparar a mujeres y hombres en el acceso y la cuantía de la pensión, pese al tamaño y evolución de la brecha de género en ellas: Sí se mantienen medidas anteriores que palían, aunque no eliminan, la brecha de género: • El complemento a mínimo hasta 641 €/mes, que afecta a 1,6 millones de mujeres pensionistas contributivas (el 66% de quienes lo cobran) que no alcancen esa pensión ni tengan rentas de capital o trabajo. • El complemento para la reducción de brecha de género, de 61 euros de media (varía según el número de hijos) que desde 2021 modifica el complemento por maternidad de 2015, y según datos del Ministerio ha aumentado en un 56% sus beneficiarias, alcanzando en agosto de 2021 a 64.124 pensionistas, el 95,6% mujeres. Por el primer hijo sube un 3,7%, de 27 a 28 euros al mes. El programa 212M Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales, con 2.587 millones de € (2.772 incluido País Vasco y Navarra), aumenta el 3 %, a gestionar por el IMSERSO para una pensión base de 402,80 €/mes a 456.000 pensionistas no contributivos (PNC) por invalidez o jubilación, el 66% mujeres. De sus 260.169 pensionistas de jubilación, el perfil es: mujer (74%) española, casada, de 70 a 79 años de edad que convive con dos o tres personas. El de sus 185.852 pensionistas por invalidez es persona soltera -en un 51% mujer de 55 a 64 años y 49% hombre menor de 50 años- con discapacidad psíquica que convive con otras dos personas. En 2022 se prevé un Plan de reorganización y simplificación general de las prestaciones económicas no contributivas de la AGE con una visión integral y de mejora de sus niveles de cobertura y ejecución. El programa 221A Ingreso mínimo vital y prestaciones familiares, con 4.436 millones de €, es nuevo, porque en 2021 el IMV estaba en un programa cajón de sastre con las prestaciones de incapacidad temporal, las de orfandad no contributivas a víctimas de violencia de género, las de maternidad y paternidad, etc. En 2022 tiene 22 millones menos y solo comparte con las prestaciones de protección a la familia programa presupues-tario y 62 millones de € en personal para gestionarlo, al que -ante el colapso porque de junio a diciembre de 2020 sólo se concedieron 57.185 IMV, e1 5,5% del millón de solicitudes, más 114.555 concedidas de oficio (Memoria INSS 2020)- en el 4º trimestre de 2020 se incorporaron 951 funcionarios/as interinos. Nota: se ha computado personas beneficiarias titulares del IMV. Cada una tiene 1,62 familiares a cargo. Su presupuesto por objetivos no tiene ni un solo indicador, aunque, al aumentar en un 3% la cuantía para cada persona beneficiaria del IMV y bajar el total un 0,7% se sobreentiende que pretende proteger a un 3,7% menos de personas. En el IIG se señala que se dirige a erradicar la pobreza severa (personas que viven con menos de 535 € al mes) en que se encuentran 2,2 millones de hombres y 2,3 millones de mujeres (Informe AROPE 2020), con especial incidencia en las familias con niñas o niños o personas dependientes y las personas inmigrantes. El programa 23WG C23.I07 Puesta en marcha de la infraestructura de análisis de la información y un sistema de difusión pública de resultados del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y proyectos piloto con administraciones autonómicas o locales, con el Tercer Sector de Acción Social y con agentes sociales. En el marco del MRR, se consignan 61 millones de euros para incrementar la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo y se incrementan en 7 millones las subvenciones a las CCAA para atender a Menores Extranjeros No Acompañados. Pedimos: • Que la Seguridad Social deje de incumplir sistemáticamente el art. 20 de la Ley O 3/2007 de igualdad y desglose por sexos todas sus estadísticas de personas beneficiarias de todas sus prestaciones • Que la reforma de las pensiones en trámite, ante el aumento de la brecha de género, tenga en cuenta el Manifiesto que 144 organizaciones feministas presentamos a las Comisiones del Pacto de Toledo y de Igualdad en marzo 2020, y actúe combinadamente en: ◦ no seguir alimentando la desigualdad en los salarios y tiempos cotizados con tiempo parcial y “lagunas de cotización” y que más mujeres tengan pensión propia suficiente, para depender menos de la de viudedad ◦ crear en 2022 200.000 empleos públicos en sanidad, educación de 0 a 3 años y atención a la dependencia, para sustituir trabajo no pagado de cuidados, meta 5.4 de los ODS ◦ reducir la jornada laboral general a 35 h semana, no tiempo parcial y excedencias para mujeres ◦ contrarrestar la doble discriminación en la Seguridad Social de las empleadas de hogar y trabajadoras agrarias • que el Ingreso Mínimo Vital llegue sin más demoras a todas las personas sin recursos de subsistencia, con personal suficiente y accesible en la SS y asegurando recursos humanos y materiales a los servicios sociales de base, para resolver las solicitudes en el plazo de un mes • que sea un derecho individual, no de la “unidad de convivencia”, concepto que enmascara el rol patriarcal de “cabeza de familia”; rebajar la edad mínima, redefinir el concepto de familia monoparental y no añadir requisitos para las personas solas, barreras para personas necesitadas • asegurar la compatibilidad de procedimientos y prestaciones con los subsidios de las CC autónomas • que incluya a las personas solicitantes de asilo o protección internacional y sea realmente accesible a las víctimas de trata y las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista. • que en vez de seguir reduciendo la cobertura de la Protección a la familia, se establezca una prestación universal de 100 €/mes por hijo a cargo, como en casi todos los estados de la UE.

3.- PERSONAL PÚBLICO ESTABLE PARA LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ministerio de Igualdad, con 525 millones de euros, sube un 14,3% respecto a 2021, de forma desigual en sus 6 Programas, de los que los dos últimos se financian con cargo al Plan de Reconstrucción: Dos terceras partes de este presupuesto se gestionan por Comunidades Autónomas o Ayuntamientos: • 190 millones del Plan Corresponsables, ayuda a domicilio o en centros para cuidado de menores de 14 años • 140 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de género “para nuevas o ampliadas actuaciones” • 37 millones de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de género para atención social, telecontrol etc. El Ministerio de Igualdad sigue teniendo un excesivo 71% en los capítulos 4 y 6 de transferencias corrientes o de capital a dichas entidades públicas (en las que incluimos un poco impropiamente a la FEMP) y a otras privadas, el 4% en capítulo 2 para contratas de bienes o servicios, y un raquítico 3% en el capítulo 1 de personal, siendo positivo, pero insuficiente, el fortalecimiento de su capacidad de gestión mediante el aumento del 60% del programa 232M. Esta estructura de gasto hace que las leyes, planes y políticas de igualdad específicas y propias del Estado dependan en más de sus dos terceras partes de la voluntad y posibilidades de los organismos de igualdad y contra la violencia de género de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Los indicadores de objetivos de los programas presupuestarios del Instituto de las Mujeres son muchos (34), pero sólo 5 afectan al menos a mil mujeres. El Plan Corresponsables, de cuidado profesional que facilite la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 14 años, no tiene ni un indicador de objetivos (pág. 62). La cadena de procedimientos administrativos para su aplicación -del Ministerio a las CCAA, previa Conferencia Sectorial, de estas a las entidades locales y de estas a las personas beneficiarias- resulta ineficaz. Un ejemplo de esta ineficiencia y discontinuidad temporal sería el Decreto-ley 5/2021, de 9 junio de Extremadura: un plan que debería cubrir todo el año se publica en junio, debe acabar antes del 31 de diciembre y, en lugar de llegar directamente a las personas beneficiarias, se canaliza a través de los colegios de municipios menores de 20.000 habitantes. Más ambiciosos y comprensibles por la ciudadanía, como requiere el presupuesto por objetivos, son los indicadores de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Pero en el Programa 232C echamos en falta datos de atención jurídica, psicológica y social (art. 19 LO 1/2004) y no sólo de denuncias. Será positiva la inclusión de más asociaciones en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, pero sigue siendo grave que 15 Comunidades y ciudades autónomas sigan sin ejecutar la totalidad de fondos del Pacto de Estado del año anterior, que son 100 millones de euros, así como 2.400 ayuntamientos (que han pasado de 20 millones en 2020 a 40 en 2021 y 2022). En el programa 23VD, financiado con fondos europeos, es positiva la ampliación a todas las formas de violencia de género, no sólo la de pareja, de la atención telefónica del 016 y del teléfono móvil ATENPRO y la creación en todas las provincias de Centros de Atención integral 24 h a víctimas de violencia sexual. Pedimos: • Que se duplique, en dotación y oferta de empleo público ágil, la plantilla del Ministerio de Igualdad (actualmente de 71 funcionarias/os y 17 laborales, según pags. 123 y 133del IIG) • que el Artículo 20 de la LPGE sobre Oferta de Empleo Público provea como estable al personal “esencial” de los servicios de igualdad y violencia de género del Estado, las CC. Autónomas y las Entidades Locales, no como sólo como “tasa de reposición”, sino como servicios nuevos. • que las transferencias del Ministerio de Igualdad a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en particular las del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las del Plan Corresponsables sean Programas plurianuales (art. 29 de la Ley Presupuestaria) con objetivos e indicadores de ejecución claros que permitan la medición, seguimiento y evaluación de su resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.

4.- CONSOLIDAR EL PLAN DE CHOQUE DE LA DEPENDENCIA CON UNA LEY MARCO DE SERVICIOS SOCIALES QUE COMBATA LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CUIDADOS

El cumplimiento en España de la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (sustituir trabajo no pagado de cuidados por servicios públicos con trabajo decente) exige, según el Informe El trabajo de cuidados de la OIT, duplicar casi la cobertura de los servicios sociales, en especial el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la educación (en particular de 0 a 3 años) y la sanidad públicos, así como equiparar en derechos a las empleadas de hogar. Es decir, pasar de 3,2 millones de empleos en estos 4 sectores en 2015 y 3,6 millones en 2021 a 4,4 millones en 2030. Cerca de 2 millones de personas necesitan ayuda para alguna actividad básica de la vida diaria, según el Informe del Consejo Económico y Social sobre el SAAD 2020. Al 65% se les reconoce el derecho a atención pública, pero casi un 20% están en lista de espera durante 426 días de media (AEDGS) para recibirla. En sept 2021 hay 1.188.163 personas beneficiarias del SAAD. Las prestaciones son para el 31 % (475.140 personas) una paguita para cuidadora familiar, 18% (275.199 personas) servicio de ayuda a domicilio, 11% (166.365) residencias, otro 11% (162.155) prestación económica o cheque servicio para residencia, centro de día o cuidado en el domicilio, 0,5% asistente personal y 6% en centros de día. La pandemia ha llevado al cierre, supresión o reducción de los servicios, aún no plenamente recuperados, reenviando a las personas dependientes a ser cuidadas en casa por su familia, por las mujeres de su familia. Para revertir ese proceso hay que mejorar la oferta y la imagen del SAAD aumentando la igualdad, ya que son mujeres el 63% de las personas cuidadas y el 83% de las cuidadoras. Son 603.900 las personas empleadas, el 83% mujeres y 20% extranjeras, de ellas 339.600 en la Asistencia en establecimientos residenciales y 264.300 en servicios sociales sin alojamiento (EPA 2 trim 2021), el 20% extranjeras, casi un tercio con contrato temporal y muchas a tiempo parcial y con Convenio colectivo vencido. El SAAD, además de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo presupuesto sube un 15,7%, a 1.566 millones, para 9 programas: Aplicando el Plan de Choque en la Atención de la Dependencia acordado con los agentes sociales, su aumento de presupuesto apuesta por recuperar los años anteriores de precariedad, y aunque se ha reducido la lista de espera, a 30/09/21 hay más de 211.093 personas con derechos reconocidos sin prestación y otras 130.711 pendientes de ser valoradas. El programa 231I incluye, como también lo hizo en 2021, los 600 millones anuales del plan de choque a tres años que se negociaron en la mesa de diálogo social y cuyos objetivos son: eliminar la lista de espera de personas dependientes sin prestaciones, aumentar la cuantía por persona dependiente para asegurar un mínimo de calidad asistencial y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, teniendo en cuenta que son mujeres la inmensa mayoría. Con relación al año 2019, eliminando todos los factores distorsionantes que desgraciadamente sufrió este colectivo por la pandemia del Covid 19, observamos que capacidad de resolución ha aumentado, pasando del 91% al 93 % de las solicitudes resueltas a septiembre de 2021 respecto a diciembre de 2019 y del 23,57 % de personas con derecho y sin prestaciones al 17,7 %, lo que pone de manifiesto que si bien la lista de espera se reduce, todavía falta mucha inversión estatal para cubrir el 50% de los gastos de atención que la ley de dependencia dice que debe aportar el Estado. (15,8% en 2020) El programa 23VB C22l.02 para la modernización de los servicios sociales tiene una duración de 4 años y el presupuesto para 2022 es de 275,59 millones de €, para modernizar tecnológicamente el sistema a través de aspectos como la interoperabilidad de los sistemas de atención, y la mejora de la información. Merecen nuestro aplauso, aunque es necesario recordar que solo los profesionales de servicios sociales pueden llegar directamente a colectivos tan vulnerables como los atendidos en este sistema y por tanto la dotación de profesionales y una organización del trabajo a pie de calle es vital para la mejora de la atención. Este ha sido uno de los grandes problemas que ha encontrado la ciudadanía en estos 2 años de pandemia. Como contrapartida, vemos con preocupación el programa también plurianual 23VA C22l.01 para el reforzamiento del sistema de cuidados de larga duración, que tiene un presupuesto para el 2022 de 725.955,19 millones euros y uno de cuyos objetivos es elaborar una estrategia para la desinstitucionalización de las personas con necesidad de cuidados. No queremos perpetuar ese 30% de personas dependientes atendidas por mujeres de su familia, en el 88,8% de los casos con escasos recursos económicos y de apoyo. La administración financia cada año la cotización la seguridad social de más cuidadoras principales, que acaban acogiéndose a esa modalidad ante la falta de perspectivas laborales y personales por el hecho de su trabajo de cuidar. Hoy debido a la situación sociodemográfica de nuestra sociedad, crecer y mejorar en recursos y servicios profesionalizados de atención integral a las personas dependientes, es el camino y vemos con mucho recelo iniciar experiencias que supongan volver a estigmatizar la institucionalización de las personas en situación de dependencia y la vuelta de las mujeres cuidadoras a los hogares. El programa 231F destinado entre otros, al apoyo a la estructura de servicios sociales de las CC.AA., se dota con 204,7 millones, un 24,5% más que en 2021. Nos parece un buen incremento, aunque dudamos que sea suficiente para paliar los problemas derivados de la pobreza y la desigualdad. Pedimos: – No hablar de desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia estigmatizando las residencias en vez de mejorar su calidad y su gestión pública y dando a entender que todas las personas pueden ser cuidadas en casa, porque supone un retroceso en el reparto de su cuidado entre el Estado y las familias, volviendo a cargarlo sobre las hijas, esposas y mujeres de la familia. – Que las transferencias de financiación sigan reforzando el nivel mínimo. Es la garantía de que efectivamente el dinero llega a las personas concretas. – Ley marco con ratios mínimos de cobertura e intensidad de los servicios y de personal en las residencias y servicios sociales y 1 trabajador/a social por cada 1.700 habitantes, en base a la profesionalización de las personas cuidadoras y condiciones laborales decentes, no al 30 % de prestación para cuidadores familiares o para personas en situación de precariedad laboral, inmigrantes en su mayoría. – Que se mantengan los contratos realizados para la Covid19 como inicio del reforzamiento de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales con 1 millón de empleos adicionales de aquí a 2030, como propone la OIT. En sanidad se contrató a 80.000 profesionales, pero están empezando a ser despedidos.

5.- QUE EN 2022 SE EMPIECE A CUMPLIR EL PLAN DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS DE LA LOMLOE

La crisis del cuidado de la infancia en España ya es evidente: más de un tercio de las mujeres menores de 35 años declaran su voluntad de no tener hijos “por razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral” (INE, Encuesta de Fecundidad 2018) y de hecho los nacimientos han bajado en 2020 un 5,9% respecto a 2019 y un 30,3% respecto a 2010. Además de la precariedad laboral y la inaccesibilidad de la vivienda, la motiva que sólo el 44% del casi millón y medio de niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados, oscilando entre el 26% de los nacidos en las familias con menor nivel de ingresos y el 62% en las de más ingresos, y sólo uno de cada diez de forma gratuita (INE Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo de acceso a los servicios 2016). La previsión de escolarización en el curso 2021-2022, según el Ministerio de Educación, va en dirección opuesta a lo que establecen el artículo 15 y la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/2020 LOMLOE que modifica la de Educación: incrementar la oferta de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años y elaborar un plan de ocho años que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad, calidad y carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización. Aunque el Estado haya transferido la competencia de educación a las CCAA, la implantación de ese nuevo sistema de educación infantil gratuito y de cobertura universal requiere 3.000 millones de €, según el Informe del Instituto de Estudios Fiscales de 2018. La provisión de personal, según la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea requiere una persona especialista por cada 4 bebés de 0 a 12 meses, 1/6 de 12 a 24 meses y 1/8 de 2 a 3 años de edad. Y no o se atisban en los Presupuestos para 2022. El Programa 322A Educación Infantil y Primaria cuenta solo con 192,62 millones de euros para 2022, un 3,8% del Presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y sólo aumenta un 2,4% respecto a 2021. Se propone actuar solo en Ceuta y Melilla, con los objetivos de mantener las mismas plazas públicas que en los años anteriores -6.045 de educación infantil del 2º ciclo (3 a 5 años) y 13.100 de primaria- así como 1.600 plazas de infantil de 2º ciclo y 3.310 de primaria concertadas con centros privados. A las mismas ciudades autónomas trasferirá los 333,82 millones de euros en 2022 del Programa trianual 32UA C21.I01 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para Creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, con el objetivo de “crear y dotar de equipamiento más de 65.000 nuevas plazas de educación infantil. Esta inversión permitirá la mejora de los resultados educativos futuros y reducir las desigualdades en el acceso y participación asociadas al nivel socioeconómico de la familia. Además, la educación infantil juega un papel fundamental en la conciliación familiar y puede influir positivamente en el acceso de la mujer al mercado laboral.” Esos mismos motivos aduce el Informe de la OIT 2018 sobre El trabajo de cuidados para cumplir la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -sustituir trabajo no pagado de cuidados por empleo decente- en toda España y en todo el mundo, mediante el acceso universal a servicios de cuidado y educación de la primera infancia para niñas y niños menores de 3 años de edad. Pedimos: • Que el Ministerio de Educación y FP empiece ya a cumplir la DA 3ª de la LOMLOE en los Presupuestos del Estado, dotando al programa 322 A o el 32UA C21.I01 del MRR de al menos 400 millones de € para sumar a las 65.000 nuevas plazas de educación infantil otras 78.000 en el resto del territorio del Estado.

6.- VIVIENDA.

El programa 261N de Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda con una dotación de 771.485,51 miles de euros será gestionado por la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Está dirigido a financiar el Plan Estatal de acceso a la Vivienda 2022-2025, en el cual se destaca la ayuda a las víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otros colectivos especialmente vulnerables. Cabe resaltar positivamente la dotación de 1.000 miles de euros en el capítulo 4 para la bonificación de gastos e intereses por concesión de préstamos a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 donde las mujeres están sobrerepresentadas. No obstante, en el capítulo 7 de transferencias de capital, a las entidades locales para la promoción de la vivienda en alquiler, solo constan aportes a Barcelona, Sevilla, Ibiza, Mallorca y Menorca, con un total de 13.899,12 miles de euros. Pedimos ampliar este fondo para más ciudades y zonas tensionadas del Estado. El objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, será reportado con información que irán remitiendo las comunidades autónomas sobre el sexo de las personas que obtienen ayudas. Pedimos asegurar dicho desglose por sexo y tipología de la información sobre ayudas (a la fecha dicen no tenerlo). Además, entre los criterios de concesión de las ayudas por renta y familia numerosa, instamos a considerar a los hogares monomarentales en igualdad de condiciones.

7.- MEDIO AMBIENTE ¿DÓNDE ESTÁ EL CAMBIO DE MODELO?

El sexto informe del IPPC publicado en agosto del 2021 confirma las peores predicciones sobre los escenarios futuros que nos esperan con la crisis climática, causado por la actividad del ser humano. En el 2020 se estima que la temperatura media en el planeta ha aumentado hasta 1,2 grados centígrados respecto a la era preindustrial. También señala que una de las zonas más afectadas por este fenómeno será el Mediterráneo (incluido España), y que las mujeres somos las principales afectadas en los periodos de crisis. Ante este diagnóstico de la situación global, los presupuestos generales del estado deben convertirse en una de las principales herramientas para la transformación del sistema, hacia uno más justo, ecológico, feminista y resiliente ante la crisis multisistémica a la que nos enfrentamos y que va a requerir de toda la inteligencia colectiva y solidaria que podamos aunar ante este gran reto. A pesar de la importancia que adquiere en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) las políticas “verdes” sigue sin abordarse el necesario cambio de modelo, como señalan desde Greenpeace, en especial en sectores clave como el agroalimentario” o desde el lado de los ingresos, con la aplicación del principio “el que contamina paga”. Los nuevos presupuestos no introducen ninguna novedad sobre fiscalidad verde y mantienen un sinfín de exenciones para seguir contaminando con combustibles fósiles. A la lucha contra la pérdida de biodiversidad, el otro gran reto global junto a la crisis climática, se le asignan únicamente 1.142,7 millones de euros a pesar de que incluye el cuidado de los ecosistemas, agua y costa. No es únicamente la cuestión de las cantidades insuficientes para partidas de gran importancia la que nos preocupa, sino que como Greenpeace dice : “la apuesta del Gobierno es la perpetuación del actual y predominante modelo agroindustrial, responsable de un alto nivel de emisiones de GEI, contaminación de suelos y acuíferos, pérdida de biodiversidad y deforestación inducida por las importaciones de soja para la fabricación de piensos ganaderos, así como una falsa solución al despoblamiento rural. Así, en lugar de llevar a cabo medidas para impulsar la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala frente al modelo industrial de macrogranjas, el Ministerio de Agricultura centrará más del 60% de su esfuerzo inversor (303 millones) en la modernización de regadíos y (101,84 millones) a mejorar la competitividad y calidad del sistema agroalimentario, perpetuando el insostenible modelo actual. Nos preocupa también la inversión en sectores altamente masculinizados como el de la energía sin prever suficientemente planes de igualdad, medidas de fomento del empleo verde en mujeres o una apuesta decidida por las Comunidades energéticas. Estas inversiones pueden provocar el aumento de la brecha de género cuando debería ocurrir lo contrario. Urge también incidir en los requerimientos y condicionantes ambientales ante los proyectos industriales en las zonas rurales. El camino en la lucha contra la despoblación debe ser ecológico y feminista, con el fomento mediante ayudas a las inversiones en proyectos descentralizados, ecológicos y con impacto de género positivo y que nos permitan reverdecer nuestro país y relocalizar la producción ante la crisis de los materiales y del transporte que comienza constatarse. No podemos permitirnos seguir subvencionando con fondos que debieran ir encaminados a la recuperación verde y la consecución de la igualdad, proyectos con grandes impactos ambientales y sociales como las macrogranjas, los trasvases, el aumento de los regadíos, los megaproyectos energéticos en espacios protegidos o de alto valor cuando deberíamos estar realizando un diseño transversal en todos los planes y políticas institucionales tendentes a alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres y a preparar nuestro país ante las graves afecciones en el clima, el territorio, la economía y la sociedad en general a la que la crisis ecosocial nos dirigirá si no actuamos ya en consecuencia.

8.- SANIDAD PÚBLICA PARA LA IGUALDAD, SI NO LA REFORZAMOS AHORA ¿CUÁNDO

El Presupuesto 2022 del Ministerio de Sanidad es de 2.547 millones de euros, un 19% menos que en 2021. El 56% está concentrado en dos programas: 310B del fondo europeo REACT-EU para Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, con 733 millones, que el año pasado obtuvo el triple y financió el 69% del presupuesto del Ministerio, quien lo transfirió en un 58% a las CCAA. Se destina casi totalmente a la compra de vacunas anticovid, y no tiene indicadores de objetivos. 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad, con 682 millones, que, en contrapartida, tuvo en 2021 casi la vigésima parte, 36 millones. Se destina a los Programas de Sanidad Exterior, Sanidad Ambiental y Salud Laboral, Promoción de la Salud y Prevención, Vigilancia y Alertas de Salud Pública y Control del VIH, SIDA; ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. Sus indicadores de objetivos son más bien de número de actos técnicos o administrativos (entre ellos los informes Salud y Género 2021. Impacto COVID-19, sobre la prevención y asistencia a la violencia de género en los servicios de salud, Protocolo Común del SNS sobre actuación sanitaria frente a la Violencia Sexual y detección de la violencia de género en la Atención Primaria y batería de indicadores de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Salud Reproductiva del SNS), excepto algunos como los de control de la calidad del agua de consumo humano o el de vigilancia de la salud de trabajadores expuestos al amianto (70.842 trabajadores de 2.697 empresas). Del Programa 311M Dirección y servicios, con 30 millones, depende la coordinación con las Comunidades Autónomas y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que está siendo tan intensa y valiosa en la pandemia. En él y en la Dirección General de Salud Pública que lo gestiona se encuadra el Observatorio de Salud de las Mujeres que no tiene una partida concreta presupuestaria pero que sí está contemplado en los objetivos de Salud Pública. No vemos objetivos de consolidar las contrataciones temporales de personal por el COVID y las anteriores, o el funcionamiento de una atención primaria que se tambalea. PGE para Sanidad solo contemplan el enfoque de género de manera específica en 2 epígrafes, una partida presupuestaria de 100.000 € para incluir el enfoque de género en la política de reducción de desigualdades y el citado Observatorio, del que se menciona su composición desde 2019. En todo caso resultan unos aspectos testimoniales en un Ministerio con tanto impacto sobre la salud de las mujeres y en un sector en que la presencia de mujeres es mayoritaria. No aparece mención a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) ni en Memoria de objetivos de los programas del sector, ni en ninguno de los programas en los que se divide la misma, a excepción del Programa 313B. Salud pública, sanidad exterior y calidad. Entre las principales líneas de actuación previstas en el 313B relacionadas con la igualdad de género y, de manera más específica con los derechos y la SSR aparecen: …”potenciar la atención a la salud sexual y reproductiva de la población, con especial énfasis en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, mejorando la información y educación para una salud sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos. También mejorando la calidad asistencial y manteniendo los niveles de seguridad en relación con la atención durante el embarazo, parto y puerperio, favoreciendo un clima de confianza, seguridad e intimidad, respetando la privacidad, dignidad y confidencialidad de las mujeres”. No está mal, pero se echa en falta que la SSR no forme parte del resto de los programas que componen el presupuesto de ese Ministerio, en especial el 313A Prestaciones sanitarias y farmacia que recoge entre otros temas las actuaciones tendentes a la elaboración y evaluación de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

9.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL: AVANCES POSITIVOS, PERO SIN ALCANZAR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS

Aumentan los fondos para cooperación, se acerca a los 3.500 millones de euros: si se ejecutan en su totalidad, España destinará un 0,28% de su Renta Nacional Bruta para cooperación. Este porcentaje es insuficiente para acercarse al compromiso de legislatura, situado en el 0,5%, y, por supuesto al 0,7% en el plazo establecido por la Agenda 2030.La medida es positiva, aunque no está a la altura del 0,35% que venimos demandando para poder cumplir con el objetivo del propio Gobierno de alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. En un contexto de refuerzo de las políticas públicas del Estado, los presupuestos presentados por el Gobierno vienen a dar un giro de timón en cooperación internacional. Las propuestas para cooperación tienen cuatro características inéditas en los últimos diez años: • Incrementan el programa de cooperación un 60% respecto a 2021, alcanzando los 1.076 millones de euros. • Se hace una clara apuesta por las instituciones propias de cooperación como la Secretaría de Estado de Cooperación -con 295 millones- y sobre todo la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que recibe un 28% más hasta alcanzar los 491 millones. De este modo, gestionará el 12,4% de la AOD, frente al 9,2% en 2021. Este es un gesto importante en pleno proceso de reforma del sistema de cooperación y abre las puertas a fortalecer el rol de esta institución que debería gestionar, al menos, el 20% de la AOD. Nos gustaría que parte de este incremento sea dedicado a fortalecer el área de género con la creación de una Oficina de Cooperación Feminista con rango político y personal especializado que garantice la incorporación del enfoque de género de manera transversal en todas las políticas de desarrollo, la implementación y el seguimiento del enfoque feminista en todas las políticas y las acciones de la AECID • Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo recibirán 53 millones más a través de la AECID. • No se producen crecimientos artificiales en partidas que “inflan” la AOD, pero que luego no tienen una capacidad real de ejecución y contribución a los objetivos de cooperación en los países que más requieren de nuestro apoyo. • Apoyo a terceros países en la compra de vacunas. Para esta línea de trabajo se destinan 293 millones de euros; en coherencia con el Plan de Acceso Universal. Esta decisión es positiva, aunque debe venir acompañada de transparencia en su gestión. Es necesario conocer el contenido del programa y asegurar que los fondos se destinan a fortalecer la salud pública, garantizar la equidad en el acceso y la entrega en plazo. La ayuda humanitaria recibe la peor parte. En un contexto mundial en el que a pandemia ha causado estragos, en el que 41 millones de personas están al borde de la hambruna, en el que el cambio climático golpea a las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad y expulsa a millones de personas, sobre todo mujeres, de sus hogares, en donde algunos conflictos se recrudecen. Si nos centramos en la política exterior y acción diplomática, hay que destacar que el lanzamiento de la política exterior feminista es un paso adelante hacia un cambio alentador del sistema de cooperación donde es necesario seguir priorizando la igualdad de género real y efectiva, consagrar los derechos humanos de las mujeres y otros grupos tradicionalmente marginados, separar recursos significantes y buscar interrumpir estructuras patriarcales y colonizadoras a lo largo de todos sus niveles de influencia. Esto implica contar con asignación de recursos suficientes, transparentes, específicos y previsibles. Hay que recordar que La Comisión Europea (5/3/2020) ha aprobado la comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo «Una Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025.» – GAP III – Hacia una Europa Igualitaria. El GAP III se basa en 5 pilares. El primero de ellos, hacia el cual se comprometió el gobierno, indica que el 85% de nuevas actuaciones (infraestructuras, energía, agricultura…) en las relaciones exteriores contribuirán a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. El Informe de Impacto de Género, explicita en la Política 14, los compromisos con la inversión en género. La Política Exterior y de Cooperación para el desarrollo en las diferentes partidas de los programas: 141M; 142A; 142B; 143A; 144A y 144B, plantea una serie detallada de objetivos e indicadores de género que en parte esperemos podrán alcanzarse con lo asignado a estas partidas en los presupuestos 2022. Pedimos: • Incrementar los recursos destinados a ayuda humanitaria. La asignación a la Oficina de Acción Humanitaria para paliar los efectos de las crisis actuales debe alcanzar, al menos, los 120 millones de euros, donde hay que incluir partidas destinadas a salud sexual y reproductiva, violencia de género y todo lo que es necesario para asegurar protección y seguridad para las mujeres, adolescentes y niñas. • Creación de una Oficina de Cooperación Feminista con rango político y personal especializado en coherencia con la citada Política Exterior Feminista. • Asegurar que la contribuciones voluntarias multilaterales de la Secretaria de Acción Exterior y de SECI se dirijan a organismos internacionales y Agencias de Naciones Unidas (UNFPA y ONU Mujeres) que velan para los derechos de las mujeres y colectivos más desfavorecidos. octubre de 2021 Primeras firmantes: 1. Plataforma Impacto de Género Ya 2. Colectivo Feminista Tejedoras 3. Feministas por el Cambio Social 4. Lunes Lilas, Navarra 5. Nosotras Mismas, Chamberí 6. Plataforma Unitària contra les Violències de Genere 7. Otro Tiempo 8. SEDRA-Federación Planificación Familiar 9. CIMAS (Observatorio de Participación y Medio Ambiente Sostenible) 10. Red Ecofeminista 11. AIETI, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos 12. Acudema, Andosilla (Navarra) 13. ADAVAS León 14. AIPEG (Asociación Internacional para la perspectiva de género) 15. Área de la Mujer de ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid) 16. Asamblea 8m Alicante 17. Asamblea Feminista de Madrid 18. Asamblea 8M de Latina 19. Aso. Movilidad Humana, Ferrol 20. Asociación de Mujeres Latinoamericanas AMALGAMA 21. Asociación de mujeres Marecilla 22. Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León (Apfcyl) 23. Asociación Domitila Hernández. Por la Igualdad de Oportunidades. Tenerife 24. Asociación Feminista Leonesa «Flora Tristán» 25. Asociación Feminista Mercedes Machado, Tenerife 26. Asociación Feministas de San Blas Canillejas 27. Asociación por ti mujer 28. Asociación PROMETEO – Hombres por la Igualdad 29. Asociación SEDOAC – Servicio Doméstico Activo 30. Asociación Vida, de mujeres viudas y madres de hijas e hijos huérfanos. 31. Asociación XXI en Igualdad 32. Associació Hèlia, de Suport a les Dones que pateixen violència masclista, Barcelona 33. Brilla Illes Balears Contra la Violència de Gènere 34. Cátedra de Economía Feminista-Universitat de València 35. Centro Cultural de la Mujer de Lucero, Madrid 36. Clásicas y Modernas Asociación para la igualdad de género en la Cultura 37. Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas 38. Colectiva feminista Impacientes 39. Colectivo de autodefensa feminista La Turas 40. Colectivo de Mujeres Atalanta, Posadas (Córdoba) 41. Colectivo Feminista Trece Rosas. Salamanca 42. Colectivo Urbanas. Pamplona 43. COMFIN, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y Feministas por la Igualdad en Navarra 44. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres 45. COMPI. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres por la Participación y la Igualdad 46. Confederación de Mujeres del Mundo Rural CERES 47. Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales 48. Consell Nacional Dones d’Espanya CNDE 49. Coordinadora de ONGD para el Desarrollo-España 50. Dones de Xirivella en Acció. Valencia 51. Dunia Musso, Pamplona 52. El Club de las 25 53. FASDP, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 54. Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva 55. Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, Murcia 56. Feministas por el Clima 57. Feministas Usera, Madrid 58. FEPAIO. Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades 59. Foro Feminista Castilla y León 60. Fórum de Política Feminista 61. Fórum de Política Feminista Agrupación Córdoba 62. Fórum Feminista María de Maeztu, País Vasco 63. Frida. Telde (Gran Canaria) 64. Fundación Alliwiñay 65. Generando red contra las violencias machistas 66. Greenpeace 67. Grupo Ecofeminista Fuencarral-El Pardo 68. Grupo Mujeres Asociación vecinal Zarzaquemada 69. Haurralde Fundazioa 70. Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo – ICID 71. Instituto mujeres y cooperación 72. La Comala, S.Coop.Mad 73. Lasgaya, cooperativa ecofeminista 74. Mesa de Feminismo de Latina 75. Mesa de Feminismos Moratalaz, Madrid 76. Mesa de Igualdad de Hortaleza, Madrid 77. Mesa de Igualdad, Foro Local Arganzuela, Madrid 78. Mesa de Igualdad de San Blas Canillejas, Madrid 79. Movimiento Democrático de Mujeres. MDM 80. Movimiento Feminista de Zamora «Trece Rosas» 81. Mujer y Familia 82. Mujeres Moviendo el mundo 83. Mujeres por la Paz 84. Mujeres Supervivientes. Sevilla 85. Observatorio de Género s/ Economía, Política y Desarrollo GEP&DO, Universidad Pablo de Olavide 86. Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical 87. Organización de Mujeres STE Castilla y León-i 88. PFAPAM Plataforma Feminista ante los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid 89. Plataforma Feminista de Alicante (PFA) 90. Plazandreok. País Vasco 91. Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. AliaEnRed 92. Red de economía feminista 93. Red de Mesas de Igualdad, Madrid 94. Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – Red Latinas 95. Rede Galega Pola Igualdade (REGAI) 96. SANART-el arte de hacer salud, Valencia 97. Secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO 98. SinGENEROdeDUDAS 99. Somos Mas, mujeres sobrevivientes de la violencia machista