Seguimiento participativo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Es el Eje 3 del PEIEMH: Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista para las mujeres. El año 2023, con 56 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, supone un retroceso a las cifras de 2019. Por primer año en 2022, la DGVG computó también, aparte, 34 feminicidios fuera de la pareja: 21 familiares, 4 sexuales y 9 sociales, y en el primer semestre de 2023 8, 3 y 2, respectivamente.
Seguir la pista de cómo se han invertido los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género a lo largo de sus cinco años de vigencia es una tarea casi imposible, pese a la comisión parlamentaria de seguimiento y a la evaluación 2018-2022 por la Delegación de Violencia de Género (DGVG) del Ministerio de Igualdad.
Además de una dispersión de objetivos, las administraciones autonómicas -que han recibido 625,3 millones de €- y locales han tenido el impedimento de la falta de plurianualidad de los fondos (cada año tienen que empezar de cero el procedimiento) y la hasta 2023 dudosa posibilidad de dedicarlos a contratar de personal.
En 2023 aún no hay datos del cumplimiento del Plan plurianual 2023-2027 y el Catálogo de referencia de políticas y servicios acordados por la Conferencia Sectorial de Igualdad, del uso de la posibilidad de destinar hasta el 40% de los fondos (53 M€) a sueldos de las/os profesionales, ni del Sistema común de información y evaluación.
Como señala el Tribunal de Cuentas en su Informe de 28.10.23, de los demás Ministerios que gestionan 64 millones de los Fondos del Pacto de Estado solo rinde cuentas Política Territorial (sobre personal de las Unidades de Violencia sobre la Mujer en las Delegaciones del Gobierno en cada Comunidad Autónoma y Subdelegaciones provinciales), no Interior, Trabajo ni Sanidad.
La falta de datos sobre el número de mujeres acreditadas como víctimas en vía administrativa (no judicial) es
sorprendente. Según la base estadística DERA, en 2020 fueron 7.755, con diferencias territoriales, como ninguna víctima acreditada por este sistema en Andalucía, Baleares, Canarias, Catalunya, Ceuta o Melilla, mientras en Castilla y León y Extremadura se reportan el doble de víctimas acreditas que de atendidas.