Del 11 al 22 de marzo de 2024 se ha reunido en Nueva York, por 68º año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas. El Informe del Secretario General señala que:

  • Si no se avanza 26 veces más rápido, en 2030 575 millones de personas (el 60% mujeres) seguirán viviendo en situación de pobreza extrema, con menos de 2,15 dólares al día; el 60% de ellas, en África Subsahariana.
  • Un factor clave de la feminización de la pobreza es que las mujeres dedicamos 2,8 horas al día más que los hombres al trabajo no remunerado de cuidados.
  • El trabajo no remunerado de las mujeres es un subsidio invisible para la economía, pues absorbe los recortes de servicios “por austeridad” del 85% de la población mundial.
  • El 53% de la población mundial no tiene ninguna forma de protección social.
  • Los países más pobres están sobreendeudados; a 48 de ellos, en los que viven 3.300 millones de personas, el pago de intereses les impide gastar en educación y salud.
  • El 36 % de los beneficios de las multinacionales se desplazan a paraísos fiscales.
  • La Ayuda Oficial para el desarrollo ascendió en 2022 a 204.000 millones de dólares, uno de los mayores aumentos de la historia, pero es solo el 0,36 % del ingreso nacional bruto, frente al compromiso del 0,70%. La destinada a igualdad de género se estancó en el 44%.

Y hacía 32 propuestas de actuación, entre ellas:

  • Cumplir los compromisos de igualdad de género en la financiación para el desarrollo (Agenda de Addis Abeba) y aumentar la transparencia y perspectiva de género en los presupuestos.
  • Para poner fin a la pobreza: combatir la evasión fiscal; impuestos progresivos (sobre el patrimonio y de sociedades); crear un mecanismo de renegociación de la deuda pública; eliminar las condicionalidades de alivio de la deuda que aumenten las desigualdades de género, etiquetado de género en las emisiones y en la financiación climática.
  • Fortalecer las instituciones públicas de rendición de cuentas y de participación de las mujeres; mejorar los datos y estadísticas sobre la pobreza multidimensional, aumentar la autoridad y los recursos de los mecanismos nacionales de igualdad de género y la participación y financiación de las organizaciones de mujeres.
  • Nuevas estrategias de desarrollo en pro de economías y sociedades sostenibles: que realicen los derechos humanos de las mujeres en pobreza; midan la economía más allá del PIB para captar la contribución del trabajo no remunerado de cuidados, y que apliquen políticas de erradicación de la pobreza integrales, participativas y con perspectiva de género y aumenten de forma sustancial la inversión en la economía del cuidado como fuente de empleo decente.

Sobre las conclusiones acordadas por los gobiernos participantes, nuestra compañera Filomena Ruggiero, de SEDRA, Federación de Planificación Familiar, destaca su importancia de cara a Cairo+30, en 2024, sobre salud y derechos sexuales y reproductivos (SyDSR), y a Beijing+30, sobre igualdad de género, en 2025. Incluyen las interrelaciones entre pobreza y SyDSR; la protección social y servicios, y, en particular, el permiso parental y cuidado infantil; la necesidad de un análisis exhaustivo de la pobreza feminizada y de acciones específicas para grupos estructuralmente marginados o en exclusión, y el reconocimiento de las dimensiones de género del trabajo no pagado de cuidados y la necesidad de reducirlo y redistribuirlo, así como de reformar el sistema internacional de financiación. No incluyen, por falta de acuerdo, la justicia climática, los derechos del colectivo LGTBQ, frenar la nueva escalada de armamentos y parar el genocidio en Gaza.

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